Los entretelones del caso del joven que tuiteó acerca de un posible saqueo en plena cuarentena y terminó acusado penalmente, avivaron la polémica sobre las tareas de inteligencia y la invasión a la privacidad. Cómo lo encontraron y por qué se realizan ciberpatrullajes.
El balcarceño Kevin Guerra no entendió lo que ocurría. Pensó que era una broma absurda, como la que -dijo luego- él mismo había hecho en su cuenta de Twitter a las 23.16 del 7 de abril. “Che, qué onda los que no cobramos el bono de 10 mil pesos, sigue en pie lo del saqueo, no?”, decía su mensaje en esa red social. El mensaje fue replicado o respondido por sus seguidores, y eso alertó a las autoridades federales que por estas horas realizan tareas de ciberpatrullaje para detectar irregularidades, específicamente en el marco de las medidas tomadas durante el aislamiento social preventivo ante la pandemia del coronavirus.
Ante esta situación, desde Gendarmería Nacional cursaron un informe sobre Guerra a la Fiscalía Descentralizada del Departamento Judicial Mar del Plata, a cargo de Rodolfo Moure, quien ordenó investigar lo ocurrido. Al constatar que el mensaje de Guerra, un joven sobre el que pesa un antecedente por robo, podía constituirse en un hecho delictivo ordenó que se lo notificara de la formación de una causa penal en su fuero.
Para Moure, el informe de la Subdirección de Delitos Tecnológicos de la Gendarmería era preciso y el paso siguiente fue instruir al personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) que se presentara en la casa del sospechoso y le informara sobre su imputación por el delito por “intimidación pública”.
“Fue una broma”, fue lo primero que atinó a decir Guerra, incrédulo, ante la presencia de los uniformados en la puerta de su vivienda de Balcarce. “Es una tomada de pelo”, agregaría luego.
Según pudo averiguar LA CAPITAL, la situación generó opiniones enfrentadas, tanto en las redes sociales como entre los integrantes de la comunidad de Balcarce. Hubo quienes consideraron, como el propio imputado, que no se puede tomar en serio un chiste o una frase expuesta en Twitter, pero también existieron los que cuestionaron su actitud y su comportamiento dado que no sólo el país sino el mundo entero vive una situación inédita y extraordinaria.
Una vez que lo hubieron notificado de la acusación, los policías se retiraron y Guerra comenzó a recibir llamados de periodistas de todo el país que buscaban entrevistarlo. A todos les contestó lo mismo: “Fue una broma que salió muy mal, pero es una tomada de pelo que se ocupen de esto con tantos ladrones y violadores sueltos”, protestó.
Consultado por LA CAPITAL sobre el antecedente por robo que posee, según las fuentes judiciales, echó por tierra esa versión. “Eso es una pavada, nada que ver”, se limitó a contestar. Y también se refirió a la preocupación que le hicieron sentir sus amigos y allegados a través de su teléfono celular. “Todos están preocupados porque en las redes sociales jodemos, pero bueno, no vi a nadie porque no se puede salir así que no salgo a la calle. Ahora voy a tener que poner un abogado porque me van a llamar a declarar desde la fiscalía”, señaló. Guerra.
Por su parte, este medio accedió al informe detallado de la Gendarmería que recibió el fiscal Moure y pudo constatar que el personal de la fuerza federal abocado al operativo de ciberpatrullaje anunciado por la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, a poco de comenzado el aislamiento preventivo decretado por el Gobierno, se topó con el tuit de Guerra cuando a través de las tareas de inteligencia en redes sociales –realizadas sobre perfiles públicos- detectaron la palabra “saqueo”.
Al perfil del imputado arribaron mientras analizaban frases publicadas con palabras como “saquear”, “Argentina” y “cuarentena”. Fue entonces cuando supieron que el balcarceño tenía 781 seguidores y seguía a 591 cuentas. Por ese motivo, consideraron que su publicación podía llegar a tener impacto, sumándose además que recibió la aprobación de varios de ellos a través de “likes”, respuestas y reposteos. Finalmente, los investigadores constataron y analizaron sus perfiles de Facebook e Instagram y corroboraron que se trataba de una joven que vivía en la localidad serrana, por lo que pudieron conocer su ubicación exacta.
A raíz de esta situación, se avivó la polémica respecto del alcance que pueden tener este tipo de investigaciones cibernéticas y la posible invasión a la privacidad de las personas. Sin embargo, desde el Ministerio Público Fiscal, al recibir la consulta de LA CAPITAL, precisaron que sólo se analizan perfiles públicos en redes sociales y que, por otra parte, este tipo de tareas también son llevadas a cabo, por ejemplo, en materia de prevención y descubrimiento de delitos como la distribución de pornografía infantil, lo cual resulta sumamente útil y no sólo es aceptado, sino que además es absolutamente celebrado por la sociedad en su conjunto.